Grupos de defensa médica y ambiental están demandando a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por su reciente decisión de retirar una determinación científica de 2009 de que el cambio climático representa un peligro para la salud humana. La demanda, presentada el 18 de febrero por la Asociación Estadounidense de Salud Pública (APHA), la Asociación Estadounidense del Pulmón, la Unión de Científicos Preocupados y otros, sostiene que la revocación de la agencia ignora la ciencia establecida y pone en peligro la seguridad pública.
La importancia del “hallazgo de peligro”
El “hallazgo de peligro” de 2009 fue fundamental para establecer la autoridad de la EPA para regular las emisiones de gases de efecto invernadero en virtud de la Ley de Aire Limpio. Este fallo, respaldado por el caso de la Corte Suprema de 2007 Massachusetts v. EPA, reconoció el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero como contaminantes sujetos a regulación. El hallazgo permitió establecer directamente estándares de emisiones para vehículos, que en 2022 representaron el 28 por ciento de las emisiones totales de EE. UU. Al rescindir este hallazgo, la EPA elimina una base legal clave para futuras regulaciones climáticas.
Los argumentos centrales de la demanda
Los demandantes afirman que la EPA tiene el deber claro de salvaguardar la salud pública y que la evidencia científica que demuestra el daño del cambio climático es concluyente. Como afirmó el director ejecutivo de APHA, Georges Benjamin: “La ciencia es clara: el cambio climático y la contaminación del aire amenazan la salud de todos”. La demanda afirma que la decisión de la EPA ignora esta realidad, lo que potencialmente debilita o elimina reglas futuras sobre emisiones de carbono de automóviles, camiones y otras fuentes.
El potencial de escalada
Este desafío legal podría reavivar una batalla de alto riesgo sobre la regulación climática, que podría llegar nuevamente a la Corte Suprema. Si los demandantes prevalecen, la EPA podría verse obligada a restablecer la conclusión de peligro, preservando su capacidad para regular los gases de efecto invernadero. Si el caso llega al tribunal más alto, pondría a prueba la voluntad del poder judicial de defender las protecciones climáticas contra el retroceso político.
La EPA se negó a comentar sobre la demanda cuando Scientific American la contactó, adhiriéndose a su política de no abordar litigios activos.
En esencia, esta demanda representa un intento crítico de defender la política climática basada en la ciencia contra la interferencia política. El resultado determinará si la EPA conserva las herramientas legales necesarias para mitigar los impactos del calentamiento global en la salud o si esas protecciones serán desmanteladas.
